Como es de conocimiento público, se aprobó el proyecto de ley que permite la desafiliación de una AFP para pasar al Sistema Nacional de Pensiones (en adelante “SNP”) y viceversa, lo cual es compatible con el artículo 11 de la Constitución, que consagra el derecho de toda persona de escoger entre sistemas de pensiones y salud públicos, privados o mixtos.
Sin embargo, también el artículo 79 de la Carta Magna prohíbe que el Parlamento tenga iniciativa legislativa para generar mayor gasto público, salvo respecto de su propio presupuesto. El mayor gasto público radica en lo siguiente: el Tesoro Público subsidia al SNP el cual, en el corto plazo podría ver incrementado considerablemente el número de sus pensionistas, quizás en 150,000.
Esto supondría aumentar en 14% las transferencias presupuestarias anuales hacia el SNP, lo que nos llevaría a destinar entre 280 y 300 millones de soles para ello. Esto obviamente agudizaría aún más la precaria situación del SNP y el régimen del D.L. 20530, pudiendo ocasionar el incremento de la tasa de aportación al primero y hasta el aumento de impuestos.
Más aún, la decisión de trasladarse de una AFP al SNP obligaría al afiliado a abonar la diferencia de aportes entre un sistema y otro: 5% (13% en el SNP frente al 8% de una AFP hasta diciembre pasado) por el número de meses o años que el afiliado estuvo vinculado a una AFP. Esto supondría durante largo tiempo un descuento mensual de no menos del 18% sólo por aportes al SNP. Duro golpe a la menguada economía del trabajador promedio. Este impacto debe ser evaluado por los trabajadores tentados a pasarse al SNP, desencantados por no haber satisfecho sus expectativas en la AFP, para evitar tropezar nuevamente con la misma piedra de la desinformación que suele conducir a decisiones equivocadas.....
